Comunicado diferentes organismos de derechos humanos

Buenos Aires, 10 de abril de 2010

A la Sra. Presidenta de la Nación
Dra. Cristina Fernández
PRESENTE

Los organismos de derechos humanos abajo firmantes expresamos nuestra preocupación por la notoria precariedad de la acción del Estado dirigida a garantizar la tranquilidad, la seguridad y el derecho a testimoniar contra los responsables del Terrorismo de Estado por parte de los sobrevivientes de dicha acción, sus familiares y compañeros, así como cualquier otro tipo de testigo contra los represores.

Esta situación, que se funda en la impunidad con que aún cuentan los desaparecedores de Julio López y de casi todas las otras acciones de intimidación y amenazas, se ha potenciado ante el asesinato –sean cuales sean sus motivos- de la compañera Silvia Suppo, luchadora ejemplar contra la impunidad.

No se puede dejar de consignar, al pensar en la situación de inseguridad que viven muchos de los testigos (cuyo número en todo el país no es menor de cinco mil) el peso que sobre ellos tiene la demora en lograr justicia para todos y las amenazas de diversos referentes de derecha de “amnistiar” los represores o “terminar con los juicios que ofenden las fuerzas armadas”.

En este marco, requerimos el cumplimiento de las obligaciones estatales, explicitadas en innumerables Pactos y Tratados Internacionales suscriptos por el país, hacia aquellos cuyo testimonio es imprescindible como prueba contra los responsables de las acciones criminales de lesa humanidad que la sociedad argentina se comprometió a juzgar.

Expresamos la preocupación por la escasa definición política para albergar un sistema de protección acorde a la naturaleza de los crímenes que se investigan. Las insuficiencias de los programas estatales nacionales relacionadas con el acompañamiento y protección de los testigos son más que notorias.

Creemos que más allá de los problemas de ausencia de un estrategia estatal única hacia el tema, incide negativamente la persistencia de una lógica inspirada o al menos influenciada por la experiencia internacional de la lucha contra el narcotráfico, experiencia que es incompatible con el objeto de estos juicios y el carácter de los testigos.

Estos, en su mayoría han sido militantes políticos detenidos/desaparecidos/aparecidos que fueron sometidos a torturas por las fuerzas conjuntas que actuaban en cumplimiento de los planes de la Junta Militar, que han dado testimonio y luchado por la verdad y la justicia por más de treinta años y en muy poco se parecen a aquellos que lo hacen en juicios contra el narcotráfico.

Es justamente la impunidad de los genocidas la causa principal de inseguridad; y es hacia los imputados y encausados de cometer tales crímenes, hacia los responsables del Terrorismo de Estado, que debe dirigirse la labor de inteligencia para impedir que actúen, tal como se decidió en su momento en La Plata por parte del Juzgado Federal que investiga crímenes de lesa humanidad. Por ello, instamos a la Sra. Presidenta que ordene la entrega a la justicia de la lista de todas las personas, civiles y militares, que participaron en el terrorismo de Estado, y las haga publicas.

No avalamos la lógica de pensar en los testigos como una “población especial” a la que hay que “cuidar”, lógica que nos llevaría a una espiral de medidas “de seguridad” que afectan los derechos humanos de aquellos que luchan contra la impunidad y que, por otro lado, es técnicamente imposible de resolver si pensamos en la masividad de los testigos; se trata, y ese es el primer paso estatal que reclamamos, de asumir por todas el carácter específico de los juicios de lesa humanidad en todas sus dimensiones, incluida la del acompañamiento y seguridad de los testigos
Para transmitirle la preocupación que nos embarga, ampliar nuestras propuestas y conocer las medidas que las autoridades planean tomar ante los nuevos desafíos, es que solicitamos una entrevista con Ud. y con quien la Sra. Presidenta considere necesario.
Sin otro particular, saludamos a Ud. muy atte.


SERPAJ Adolfo Perez Esquivel
LADH José E. Schulman
MEDH Pastor Arturo Blatesky
IRE Marcelo Bagnatti
DDHH CTA Ricardo Peidro
HERMANOS María Adela Antokoletz
APDH Miguel Monserrat