María Eva Aebi fue carcelera del centro de detención santafesino Guardia de Infantería Reforzada, y quien llevó a Silvia Suppo a abortar un embarazo producto de las violaciones a las que fue sometida. Dos días antes de Año Nuevo, Aebi fue beneficiada con salidas transitorias cada quince días “para mejorar sus lazos familiares y sociales”. Para los hijos de Silvia, la resolución del tribunal confirma que el asesinato de su madre “ha sido político, porque todas las estructuras represivas siguen vigentes”.
Una de las pocas mujeres condenadas por delitos de lesa humanidad en la Argentina, María Eva Aebi, festejó la noche de fin de año en su casa, gracias a las salidas transitorias otorgadas el 29 de diciembre por un tribunal de Santa Fe que, además, hizo un cálculo de días pasados en prisión tan inaudito como peligroso: contó como prisión preventiva el tiempo posterior a la sentencia de primera instancia, que no se considera firme. Este cálculo privilegiado para Aebi, el ex juez federal Víctor Brusa y Eduardo Ramos, todos condenados el 22 de diciembre de 2009 por privación ilegítima de la libertad y tormentos, no se aplica a ningún otro detenido por ninguna causa en el país.
En cambio, en la casa de Silvia Suppo, en Rafaela, no habrá nunca más un fin de año con su presencia. Ella fue asesinada el 29 de marzo de 2010, de nueve puñaladas, en su comercio. Pocos meses antes había sido testigo en la causa Brusa, había contado sobre su secuestro, tortura, violaciones y el aborto que le practicaron tras quedar embarazada de manera forzada. No es una película: la carcelera, la que entregaba a las detenidas para ser torturadas, sale de la cárcel cada 15 días para “mejorar sus lazos familiares y sociales”. Silvia Suppo es, en cambio, un recuerdo imborrable para sus hijos, compañeros y amigos, así como un grito contra la impunidad.
El penúltimo día de 2011 el juez federal Reinaldo Rodríguez dictó la falta de mérito para dos detenidos del pabellón de lesa humanidad de la cárcel santafesina de Las Flores que habían sido acusados, por un testigo protegido, de tramar el crimen. Marina y Andrés (los hijos de la víctima) y el Espacio Memoria y Justicia de esa ciudad del oeste santafesino salieron a la calle el martes pasado para reclamar el esclarecimiento. Llevaron una gran pelota de papel que hicieron circular por la ciudad, como metáfora de la falta de respuestas para investigar seriamente la muerte de Silvia.
Aebi era carcelera, secretaria del jefe del centro de detención Guardia de Infantería Reforzada (GIR) de esa ciudad durante el terrorismo de Estado, Juan Calixto Perizzotti. Su presencia era una auténtica pesadilla para las detenidas políticas, porque sabían que cuando ella iba a buscarlas habría más golpes y torturas. Era uno de sus roles, llevarlas adonde estaba la patota para que las torturaran. El 22 de diciembre de 2009 fue condenada a 19 años de prisión, en el primer fallo por delitos de lesa humanidad en la provincia, junto a Brusa y otros cuatro represores. Muchas de sus víctimas, que valientemente los habían enfrentado en los Tribunales, respiraron aliviadas.
La resolución del penúltimo día hábil de 2011 de los conjueces Andrea Alberto de Creus, Carlos Renna y Roberto López Arango fue un balde de agua fría para testigos y querellantes. “Fue un atropello a la democracia. La condena a los represores era ejemplar en la provincia porque habían sido los primeros y que les dieran salidas a partir del 30 de diciembre fue muy fuerte”, afirmó Marina Destéfani, la hija de Silvia, al volver de la marcha que, según su propio relato, fue “masiva para Rafaela”, una ciudad de cien mil habitantes que late al ritmo de la producción lechera y automotriz.
Mucho se habla de “testigo clave” y es cierto que Silvia Suppo lo fue en la causa Brusa, como lo hubiera sido también en la que se instruía por la desaparición de Hattemer. El 5 de octubre de 2009 Silvia dijo lo suyo en una de las audiencias de la causa Brusa. Contó su secuestro, el 24 de mayo de 1977, junto a su hermano y un compañero de militancia, Jorge Destéfani, que años después se convertiría en su marido. Un dolor adicional: ese hombre con el que armó su vida cuando los dos salieron de la cárcel había muerto pocos meses antes, de cáncer. Para ella, el testimonio era también una forma de honrarlo. Silvia relató que estuvo un mes desaparecida, en el Centro Clandestino de Detención La Casita. Allí la torturaron y también la violaron tres represores. Tenía 18 años. En enero de ese mismo año habían secuestrado a su marido, Reinaldo Hattemer, que continúa desaparecido. El horror parecía inenarrable, pero Silvia le puso palabras. En ese juicio, varias detenidas hablaron de violaciones. A Silvia le tocó contar, además, otra dimensión del horror. Después de padecer tres agresiones sexuales, y ya trasladada a la GIR, descubrió que tenía un retraso. Se lo comunicó a Perizzotti , quien habló de “reparar el error”. Fue Aebi la encargada de llevarla a un médico, también cómplice, para abortar. La orden era que sólo hablaba la carcelera, la víctima debía permanecer callada. De la intervención salió tambaleándose. La llevaron de nuevo al centro clandestino de detención La Casita. Cuando su familia intentaba visitarla, les decían que Silvia estaba castigada.
Por eso, Marina consideró que las salidas transitorias “refuerzan que el asesinato de Silvia ha sido político, porque todas las estructuras represivas siguen vigentes. La única herramienta que encontramos es la lucha, salir a la calle”. Sobre la decisión tomada por Rodríguez, que desestima el carácter político del asesinato de Silvia, Marina es contundente: “La Justicia no actúa, seguimos demandando una investigación que no se da y no hay voluntad política de darla, porque este juez no siente la responsabilidad de hacerlo”.
Desde aquel mediodía de fines de marzo de 2010, saben que la policía no tenía voluntad de investigar. Hay dos detenidos, Ramiro Sosa y Rodolfo Cóceres, dos cuidacoches de la zona, acusados como autores materiales, pero la escena del crimen estuvo tan contaminada que nunca se pudo extraer un ADN, el homicidio en ocasión de robo no cierra (sólo se llevaron 200 pesos) y ni siquiera hay rastros de sangre en el arma asesina. “Nos hemos cansado con mi hermano, los abogados Guillermo Munné y Lucila Puyol y otros compañeros, de golpear puertas, de llamar a funcionarios y pedirles audiencia, pero no pueden atendernos. Ese es el lugar que tiene nuestro reclamo, son promesas incumplidas, vacías”. Para Marina, la impunidad no es una sensación: “Es lo que vinimos pasando desde hace dos años, y lo que vienen pasando los compañeros desde hace treinta. Es muy doloroso cruzarse en la calle con los responsables de secuestro, torturas y desapariciones, que mi mamá señalara en el supermercado a los que estuvieron implicados en su secuestro, el de mi tío, el de mi papá y el compañero de Silvia”, concluyó.
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-6997-2012-01-13.html
Un crimen sin la debida investigación
Andrés Destéfani, el hijo de la testigo de causas de derechos humanos, cuestionó al juez federal Reinaldo Rodríguez, que dictó la falta de mérito para dos detenidos por delitos de lesa humanidad acusados por un testimonio protegido.
Por José Maggi
La familia de Silvia Suppo, acompañada de amigos y organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos, marchó ayer por las calles de Rafaela exigiendo justicia y el esclarecimiento del crimen. Exigieron una "investigación profunda y seria, que hasta el momento le juez federal Reynaldo Rodríguez no ha concretado. Con solo mirar el expediente cualquiera se da cuenta" se quejó ayer Andrés Destefani, hijo de Silvia. Es que hace sólo unos días se conoció que el magistrado federal había decretado un falta de mérito para dos sospechados por un testigo de identidad reservada que ligaba el crimen con condenados por delitos de terrorismo de estado. La marcha también cuestionó las salidas transitorias de tres represores santafesinos, a los que acusó Suppo. "Es de mucha perversidad dejar libres a Brusa, Aebi y Ramos, ya que algún sobreviviente puede encontrarlos por la calle", agregó el hijo de la víctima.
"Seguimos sosteniendo que lo que tiene que existir es una investigación a la altura de las circunstancias que hasta el momento no se ha dado" dijo ayer Andrés. "Cuestionamos la decisión del juez Rodríguez porque creemos que con una diligencia bastante superficial se ha dedicado a establecer la situación procesal de estos dos implicados por el testigo encubierto más que a determinar quien cometió el asesinato de mi madre, material e intelectual", afirmó.
De igual manera, el hijo de Suppo afirmó que "no nos sorprende esta resolución porque la falta de mérito ya la había dictado el juez de instrucción provincial Alejandro Mognaschi, por lo que se había llegado a la Corte Suprema de la Nación, que le ordenó al juez Rodríguez que abriera una investigación profunda para esclarecer el hecho. Sin embargo, esta investigación no existió nunca, con solo mirar el expediente uno puede darse cuenta que esta investigación seria nunca existió".
Como ejemplo, Destefani apuntó que "los dos lavacoches dijeron que tomaron un remís para dejar el comercio de mi madre, y nunca pudieron encontrarlo a pesar de que en Rafaela hay solo cinco remiserías. El joven también recordó que "Cóceres y Sosa (los dos supuestos autores) se autoinculparon, mientras las pruebas recogidas hacen insustentable la hipótesis de robo seguida de muerte. Esto no tiene correlato con la reconstrucción del hecho: los cuchillos con los que dijeron que le dieron nueve puñaladas a mi madre no tiene sangre ni sus huellas digitales. Tampoco encontraron una huella de ellos en el local, ni siquiera una de mi madre, de igual modo no hubo un solo testigo que los viera entrar o salir a los supuestos homicidas. Es más, hay gente que estuvo en el lugar a esa hora y nunca fue citada a declarar. Todo esto hace que no nos cierre la hipótesis del robo".
La familia de Suppo exigió entonces "pruebas contundentes y concretas que hoy no tenemos". De igual modo, Andrés remarcó que "seguir sosteniendo que fue un robo seguido de muerte tiene implicancias políticas, --por la calidad de testigo que exhibía su madre-- por lo cual la justicia tiene que ser rigurosa, queremos una investigación profunda, queremos que accedan a investigar con grupo técnico científico de Buenos Aires".
En este mismo sentido se expresó ayer el Espacio Verdad y Justicia por Silvia Suppo, que repudió la decisión del juez paranaense Roberto López Arango y los conjueces santafesinos, Carlos Renna y Andrea Alberto de Creus de otorgar a partir del 29 de diciembre pasado el beneficio de salidas transitorias quincenales al ex juez federal Víctor Brusa, al ex policía Eduardo Curro Ramos y a la ex guardiacárcel María Eva Aebi, condenados a entre 19 y 22 años de prisión por delitos de lesa humanidad.
"Todo esto reafirma lo que venimos sosteniendo desde un inicio: Silvia Suppo fue asesinada por razones políticas y sus asesinos viven impunes gracias a la connivencia de policías, jueces y civiles. Confirma que las estructuras represivas aun no fueron desmanteladas", dijeron desde el espacio.
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/10-32027-2012-01-11.html
"Carece de fundamentación"
Lo dijo la Secretaría de Derechos Humanos que consideró que la resolución que sobreseyó a los imputados "deviene nula al afectar las reglas que impone el artículo 123 del Código Procesal Penal". El fallo lo decidió el juez Reinaldo Rodríguez.
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación apeló ante el Juzgado Federal de Santa Fe el sobreseimiento a dos de los imputados en la investigación del homicidio de Silvia Suppo, testigo en una causa por crímenes de lesa humanidad. La apelación es contra la resolución por la que se sobreseyó a Emiliano Martín Rodríguez y Miguel Angel Mendoza, en la causa por la muerte de Suppo, asesinada a puñaladas en la ciudad de Rafaela, el 29 de marzo de 2010. Suppo había sido testigo en la causa en la que se condenó al ex juez Víctor Brusa, juicio donde había contado acerca de su secuestro, tortura, violaciones y el aborto que le practicaron tras quedar embarazada de manera forzada.
La Secretaría de Derechos Humanos consideró que la resolución que sobreseyó a los imputados "deviene nula al afectar las reglas que impone el artículo 123 del Código Procesal Penal de la Nación". En este sentido, la apelación ante el Juzgado Federal de 1ª Instancia Número 1 indica que el sobreseimiento "carece de la debida fundamentación, estando pendientes de realización diversas medidas probatorias necesarias a los efectos del esclarecimiento de los hechos".
La apelación es contra la resolución por la que se sobreseyó a Emiliano Martín Rodríguez y Miguel Angel Mendoza, en la causa por la muerte de Suppo, asesinada a puñaladas en la ciudad de Rafaela, el 29 de marzo de 2010. Suppo había sido testigo en la causa en la que se condenó al ex juez Víctor Brusa, juicio donde había contado acerca de su secuestro, tortura, violaciones y el aborto que le practicaron tras quedar embarazada de manera forzada.
La Secretaría de Derechos Humanos consideró que la resolución que sobreseyó a los imputados "deviene nula al afectar las reglas que impone el artículo 123 del Código Procesal Penal de la Nación".
En este sentido, la apelación ante el Juzgado Federal de 1ª Instancia Número 1 indica que el sobreseimiento "carece de la debida fundamentación, estando pendientes de realización diversas medidas probatorias necesarias a los efectos del esclarecimiento de los hechos".
Se recuerda que Reinaldo Rodríguez, juez federal de Santa Fe, dictó el sobreseimiento de dos jóvenes, oriundos de San Cristóbal, quienes gran parte de sus vidas en libertad la pasaron en Rafaela. El magistrado realizó innumerables medidas judiciales pero ninguna de ellas acreditó -ni remotamente la versión fantasiosa del testigo de identidad reservada, que los inculpó como co responsables de la muerte de la rafaelina Silvia Suppo, ex militante de la JP, de acuerdo a una información brindada por la prensa de la capital de nuestra Provincia, y tomada por varias publicaciones a lo largo y ancho del país.
Anteriormente, el juez Alejandro Mognaschi (Instrucción 2ª de los Tribunales de Rafaela), les dictó la falta de mérito hace un año, mientras sustanciaba el expediente. Por otra parte, la restante opción era la del procesamiento, pero nada de lo investigado por los dos jueces llevaba a ese puerto.
En ese marco, la resolución firmada el 30 de diciembre pasado por Reinaldo Rodríguez, se señala que "el expediente regresó a primera instancia para resolver la situación procesal de los acusados por el testigo de identidad reservada como los instigadores de la muerte de Suppo, ya que los acusados habían participado ?de acuerdo al relato del testigo de identidad reservada directa o indirectamente en el crimen".
Rodríguez agotó la instancia que los jueces que integraron el Tribunal Oral le exigieron tras haber elevado a mediados del año pasado sólo el cuerpo correspondiente a la autoría material, en la que están imputados Rodrigo Sosa y Rodolfo Cóceres, dos jóvenes que confesaron la autoría del crimen , producto de una larga noche de "caravana" con alcohol y pastillas.
En un momento de las actuaciones la Corte Suprema de Justicia de la Nación entendió que la causa debía trasladarse a la esfera federal por existir presuntamente elementos que vinculaban el homicidio con personas allegadas al círculo íntimo de los represores locales.
Sin embargo, tras evaluar los elementos de prueba el magistrado dictó el sobreseimiento de Miguel Angel Mendoza (alias "Mosquito") y Emiliano Martín Rodríguez.
Según el testigo de identidad reservada, el primero fue el que supuestamente contrató o realizó gestiones necesarias para encargar la muerte de Suppo, mientras que Rodríguez habría actuado de "campana" en el crimen.
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/9-32093-2012-01-15.html
