El 29 de marzo de 2010, asesinaron a una testigo, víctima, denunciante, militante y compañera activista en la lucha contra la impunidad, a más de 6 meses de su asesinato la hipótesis de crimen político por encargo no ha sido investigada. A pesar de que las autoridades: políticas, judiciales y policiales siempre declaran de que no van a descartar ninguna hipótesis, la de crimen político no la quieren investigar, situación que aumenta aún más nuestra sospechas de que su asesinato responde a mensajes políticos mafiosos y cobardes de esos que los genocidas acostumbran usar.
Después del antecedente de Julio López resulta escandaloso que la investigación no tenga como objetivo primero despejar toda sospecha sobre el asesinato político.
Es imprescindible tomar medidas políticas reales y concretas tendientes a garantizar el funcionamiento de la justicia.
Denunciamos desde el primer momento una serie de irregularidades policiales. Más aún las mismas no sólo constan en el expediente, sino que además son abiertamente reconocidas por los mismos funcionarios.
Hasta la fecha ningún funcionario policial fue cuestionado o apercibido al menos, por ocultar pruebas, por interrogar a los testigos sin autorización judicial, por no cuidar la escena del crimen o por no impedir la salida de los asesinos de la ciudad de Rafaela. Las autoridades políticas responsables de garantizar el buen funcionamiento dentro de las fuerzas de seguridad no tomaron una sola medida en este sentido, permitiendo que las irregularidades se multipliquen.
En la causa judicial, hoy consta un testimonio que implica a represores genocidas de Santa Fe, y el juez de Rafaela no sólo no declina la competencia, ya que la investigación de los delitos de lesa humanidad deben desarrollarse en la justicia federal, sino que tampoco investiga quién planificó e ideó el asesinato de Silvia. Sólo se limita averiguar la identidad del testigo reservado, a pesar de haber recibido el escrito de declaración testimonial con la figura de identidad reservada y de haberse comprometido a mantener la identidad en reserva.
Tampoco investiga los llamados telefónicos que la familia recibe, ni la suerte del video que le fuera entregado a la policía, ni nada que se salga del libreto de robo común. Entendemos que las medidas investigativas que apunten a saber si el asesinato de Silvia, responde a un crimen político por encargo, excede la competencia de cualquier juez provincial, Mognaschi no tiene facultades para investigar si los genocidas planificaron el asesinato, y es por esta razón que es imprescindible que la justicia federal intervenga en la causa.
Hoy esperamos que el juzgado del Dr. Mognaschi acepte la presentación que realizó de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación , solicitando ser tenida como parte querellante en la causa de Silvia Suppo y luego, tal como fue pedido por la Secretaría , se inhiba de seguir actuando en la causa y remita la misma a la justicia federal.
Un ejemplo de medidas investigativas inconducentes, son las adoptadas por el juzgado de Rafaela para averiguar si Silvia había mantenido relaciones sexuales o no con alguien, antes de morir, cuando los resultados del laboratorio determinaron que no había semen en el cuerpo de Silvia. El juzgado llamó a los hijos de Silvia para una ampliación de declaración testimonial donde le preguntó sobre la vida sexual de su madre, sin tener un solo elemento, prueba o evidencia física que hicieran pensar en un crimen sexual. La ampliación de testimonios que se les pidió no tenia ningún fin investigativo en pos del esclarecimiento del crimen y sólo sirvió para volver a revictimizar a las víctimas que se supone la justicia debería defender.
Es esa misma justicia que permite y autoriza a los imputados a que una vez al mes se encuentren en la alcaldía de Rafaela para acercamiento familiar, aunque consta claramente en el expediente que Cóceres no es de Rafaela y su familia tampoco. Aunque una posible connivencia policial en este caso no ha sido investigada y mucho menos esclarecida, los imputados viajan una vez al mes a la alcaldía de Rafaela sin que podamos saber cuál es el fin de este beneficio, tan difícil de obtener para la mayoría de los detenidos.
Los funcionarios políticos -como el Director Provincial de la Memoria Dr. Pedraza- que pregonan el compromiso en la lucha contra la impunidad, no son, a pesar de sus funciones, los primeros que se ponen al servicio de una investigación. Sólo emiten mensajes para justificar la falta de accionar del gobierno provincial, la secretaría de derechos humanos y el mal desempeño policial.
Hoy es imprescindible que el poder político provincial asuma un compromiso firme contra la impunidad y contribuya plenamente para garantizar a todos/as una investigación seria y profunda que no deje sospechas sobre el asesinato de Silvia Suppo.
NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS
APARICION CON VIDA DE JULIO LOPEZ
ESCLARECIMIENTO DEL ASESINATO DE SILVIA SUPPO
H.I.J.O.S. Regional Santa Fe
Después del antecedente de Julio López resulta escandaloso que la investigación no tenga como objetivo primero despejar toda sospecha sobre el asesinato político.
Es imprescindible tomar medidas políticas reales y concretas tendientes a garantizar el funcionamiento de la justicia.
Denunciamos desde el primer momento una serie de irregularidades policiales. Más aún las mismas no sólo constan en el expediente, sino que además son abiertamente reconocidas por los mismos funcionarios.
Hasta la fecha ningún funcionario policial fue cuestionado o apercibido al menos, por ocultar pruebas, por interrogar a los testigos sin autorización judicial, por no cuidar la escena del crimen o por no impedir la salida de los asesinos de la ciudad de Rafaela. Las autoridades políticas responsables de garantizar el buen funcionamiento dentro de las fuerzas de seguridad no tomaron una sola medida en este sentido, permitiendo que las irregularidades se multipliquen.
En la causa judicial, hoy consta un testimonio que implica a represores genocidas de Santa Fe, y el juez de Rafaela no sólo no declina la competencia, ya que la investigación de los delitos de lesa humanidad deben desarrollarse en la justicia federal, sino que tampoco investiga quién planificó e ideó el asesinato de Silvia. Sólo se limita averiguar la identidad del testigo reservado, a pesar de haber recibido el escrito de declaración testimonial con la figura de identidad reservada y de haberse comprometido a mantener la identidad en reserva.
Tampoco investiga los llamados telefónicos que la familia recibe, ni la suerte del video que le fuera entregado a la policía, ni nada que se salga del libreto de robo común. Entendemos que las medidas investigativas que apunten a saber si el asesinato de Silvia, responde a un crimen político por encargo, excede la competencia de cualquier juez provincial, Mognaschi no tiene facultades para investigar si los genocidas planificaron el asesinato, y es por esta razón que es imprescindible que la justicia federal intervenga en la causa.
Hoy esperamos que el juzgado del Dr. Mognaschi acepte la presentación que realizó de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación , solicitando ser tenida como parte querellante en la causa de Silvia Suppo y luego, tal como fue pedido por la Secretaría , se inhiba de seguir actuando en la causa y remita la misma a la justicia federal.
Un ejemplo de medidas investigativas inconducentes, son las adoptadas por el juzgado de Rafaela para averiguar si Silvia había mantenido relaciones sexuales o no con alguien, antes de morir, cuando los resultados del laboratorio determinaron que no había semen en el cuerpo de Silvia. El juzgado llamó a los hijos de Silvia para una ampliación de declaración testimonial donde le preguntó sobre la vida sexual de su madre, sin tener un solo elemento, prueba o evidencia física que hicieran pensar en un crimen sexual. La ampliación de testimonios que se les pidió no tenia ningún fin investigativo en pos del esclarecimiento del crimen y sólo sirvió para volver a revictimizar a las víctimas que se supone la justicia debería defender.
Es esa misma justicia que permite y autoriza a los imputados a que una vez al mes se encuentren en la alcaldía de Rafaela para acercamiento familiar, aunque consta claramente en el expediente que Cóceres no es de Rafaela y su familia tampoco. Aunque una posible connivencia policial en este caso no ha sido investigada y mucho menos esclarecida, los imputados viajan una vez al mes a la alcaldía de Rafaela sin que podamos saber cuál es el fin de este beneficio, tan difícil de obtener para la mayoría de los detenidos.
Los funcionarios políticos -como el Director Provincial de la Memoria Dr. Pedraza- que pregonan el compromiso en la lucha contra la impunidad, no son, a pesar de sus funciones, los primeros que se ponen al servicio de una investigación. Sólo emiten mensajes para justificar la falta de accionar del gobierno provincial, la secretaría de derechos humanos y el mal desempeño policial.
Hoy es imprescindible que el poder político provincial asuma un compromiso firme contra la impunidad y contribuya plenamente para garantizar a todos/as una investigación seria y profunda que no deje sospechas sobre el asesinato de Silvia Suppo.
NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS
APARICION CON VIDA DE JULIO LOPEZ
ESCLARECIMIENTO DEL ASESINATO DE SILVIA SUPPO
H.I.J.O.S. Regional Santa Fe
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