viernes, 30 de abril de 2010
Comunicado de Asociación de ex- Detenidos Desaparecidos
A los compañeros de Rafaela y de la Provincia de Santa Fe
La Asociaciòn de Ex Detenidos Desaparecidos saluda la movilización que se desarrolla en Rafaela en el día de la fecha y se compromete a acompañar todas las acciones que permitan el esclarecimiento del asesinato de la Compañera Silvia Suppo.
Silvia Suppo era una sobreviviente de los campos de concentración y extermino que funcionaron en la Provincia de Santa Fé durante la dictadura militar. Con su testimonio en el primer juicio que se llevara adelante en dicha provincia, colaboró en que se condenara por primera vez en el país a un juez de la dictadura, el ex juez federal Víctor Brusa, como también al el ex comisario y ex jefe de la Dirección de Drogas Peligrosas, Héctor Colombini; al ex jefe de la Guardia de Infantería Reforzada, Juan Perizotti; la ex carcelera policial María Eva Aebi; el ex jefe del Comando Radioeléctrico de Santa Fe y de la comisaría Cuarta, Mario Facino; y el ex policía Eduardo Ramotes. Además era testigo del secuestro y desaparición de su compañero de entonces, Reinaldo Hammeter, secuestrado el 25 de enero de 1977, en la catedral de Rafaela. Con el asesinato de Silvia Suppo se intenta nuevamente, a través de un hecho violento, hacernos retroceder en la lucha contra la impunidad , en esta lucha por reconstruir la memoria y generar conciencia, en el debate con nuestro pueblo del por qué del genocidio llevado adelante por la dictadura, por quiénes y a quienes benefició y sus implicancias en el presente. En este caso es el asesinato de una sobreviviente el hecho elegido por los sectores de la reacción para intentar frenar el avance del pueblo en su lucha contra la impunidad y por Memoria, Verdad y Justicia.
Como en el caso de la segunda desaparición de Jorge Julio López, de quién se nos quiso hacer creer que se había perdido para evitar la movilización de nuestro pueblo en reclamo por su aparición y señalar la responsabilidades de los estados nacional y provincial por no desarticular el aparato represivo de la dictadura, en el asesinato de Silvia Suppo se nos quiere imponer que la mataron en un intento de robo, sin siquiera investigar el móvil político en el asesinato. Porque si se sigue esta dirección en la investigación se llegaría a la conclusión que a Silvia la mandaron a matar aquellos a los que ella inculpaba, con lo que los gobiernos nacional y provinciales serían nuevamente responsables políticos de no haber desarticulado desde 1983 a la fecha el aparato represivo de la dictadura.
Pero como con Julio López, ahora tampoco van a lograr desmovilizarnos hacernos abandonar la lucha por la Justicia contra la Impunidad, que es la lucha por un país sin pobres y excluídos, sin explotados ni explotadores, con hombres y mujeres solidarias, fraternas, creadoras, de hombres y mujeres libres, por los que Julio López, Silvia Suppo, los 30.000 compañeros Detenidos Desaparecidos y miles de argentinos más enfrentaron a la Dictadura Genocida. Porque la lucha de nuestros 30000 compañeros detenidos desaparecidos es nuestra lucha, seguiremos en la calle y exigimos:
Al gobierno nacional y a los gobiernos provinciales el esclarecimiento de los hechos y el juicio y castigo a los autores materiales e intelectuales del secuestro de Jorge Julio López y del asesinato de Silvia SuppoApertura de los archivos de la Dictadura.
Desmantelamiento del aparato represivo+ Juicios a todos los genocidas por todos los compañeros
CARCEL COMUN Y EFECTIVA YA A TODOS LOS GENOCIDAS!
30000 COMPAÑERO DETENIDOS DESAPARECIDOS – PRESENTES
JORGE JULIO LOPEZ – PRESENTE
SILVIA SUPPO - PRESENTE
Asociación de ex- Detenidos Desaparecidos
visite nuestra página webhttp://www.exdesaparecidos.org.ar/aedd@exdesaparecidos.org.ar
La Asociaciòn de Ex Detenidos Desaparecidos saluda la movilización que se desarrolla en Rafaela en el día de la fecha y se compromete a acompañar todas las acciones que permitan el esclarecimiento del asesinato de la Compañera Silvia Suppo.
Silvia Suppo era una sobreviviente de los campos de concentración y extermino que funcionaron en la Provincia de Santa Fé durante la dictadura militar. Con su testimonio en el primer juicio que se llevara adelante en dicha provincia, colaboró en que se condenara por primera vez en el país a un juez de la dictadura, el ex juez federal Víctor Brusa, como también al el ex comisario y ex jefe de la Dirección de Drogas Peligrosas, Héctor Colombini; al ex jefe de la Guardia de Infantería Reforzada, Juan Perizotti; la ex carcelera policial María Eva Aebi; el ex jefe del Comando Radioeléctrico de Santa Fe y de la comisaría Cuarta, Mario Facino; y el ex policía Eduardo Ramotes. Además era testigo del secuestro y desaparición de su compañero de entonces, Reinaldo Hammeter, secuestrado el 25 de enero de 1977, en la catedral de Rafaela. Con el asesinato de Silvia Suppo se intenta nuevamente, a través de un hecho violento, hacernos retroceder en la lucha contra la impunidad , en esta lucha por reconstruir la memoria y generar conciencia, en el debate con nuestro pueblo del por qué del genocidio llevado adelante por la dictadura, por quiénes y a quienes benefició y sus implicancias en el presente. En este caso es el asesinato de una sobreviviente el hecho elegido por los sectores de la reacción para intentar frenar el avance del pueblo en su lucha contra la impunidad y por Memoria, Verdad y Justicia.
Como en el caso de la segunda desaparición de Jorge Julio López, de quién se nos quiso hacer creer que se había perdido para evitar la movilización de nuestro pueblo en reclamo por su aparición y señalar la responsabilidades de los estados nacional y provincial por no desarticular el aparato represivo de la dictadura, en el asesinato de Silvia Suppo se nos quiere imponer que la mataron en un intento de robo, sin siquiera investigar el móvil político en el asesinato. Porque si se sigue esta dirección en la investigación se llegaría a la conclusión que a Silvia la mandaron a matar aquellos a los que ella inculpaba, con lo que los gobiernos nacional y provinciales serían nuevamente responsables políticos de no haber desarticulado desde 1983 a la fecha el aparato represivo de la dictadura.
Pero como con Julio López, ahora tampoco van a lograr desmovilizarnos hacernos abandonar la lucha por la Justicia contra la Impunidad, que es la lucha por un país sin pobres y excluídos, sin explotados ni explotadores, con hombres y mujeres solidarias, fraternas, creadoras, de hombres y mujeres libres, por los que Julio López, Silvia Suppo, los 30.000 compañeros Detenidos Desaparecidos y miles de argentinos más enfrentaron a la Dictadura Genocida. Porque la lucha de nuestros 30000 compañeros detenidos desaparecidos es nuestra lucha, seguiremos en la calle y exigimos:
Al gobierno nacional y a los gobiernos provinciales el esclarecimiento de los hechos y el juicio y castigo a los autores materiales e intelectuales del secuestro de Jorge Julio López y del asesinato de Silvia SuppoApertura de los archivos de la Dictadura.
Desmantelamiento del aparato represivo+ Juicios a todos los genocidas por todos los compañeros
CARCEL COMUN Y EFECTIVA YA A TODOS LOS GENOCIDAS!
30000 COMPAÑERO DETENIDOS DESAPARECIDOS – PRESENTES
JORGE JULIO LOPEZ – PRESENTE
SILVIA SUPPO - PRESENTE
Asociación de ex- Detenidos Desaparecidos
visite nuestra página webhttp://www.exdesaparecidos.org.ar/aedd@exdesaparecidos.org.ar
jueves, 29 de abril de 2010
¡Que la impunidad no sea un delito común! H.I.J.O.S. Santa Fe
¡Qué la impunidad no sea un delito común!
El 29 marzo de 2010 mataron a una militante de la justicia, una testigo, querellante, denunciante, ex detenida, víctima y luchadora: SILVIA SUPPO. Les exigimos a los distintos poderes que se comprometan con una investigación seria y a fondo del asesinato de la compañera Silvia.
El 29 marzo de 2010 mataron a una militante de la justicia, una testigo, querellante, denunciante, ex detenida, víctima y luchadora: SILVIA SUPPO. Les exigimos a los distintos poderes que se comprometan con una investigación seria y a fondo del asesinato de la compañera Silvia.
Sabiendo que durante la última dictadura militar, secuestrar, matar, torturar, desaparecer, saquear, estafar y mentir, eran delitos cometidos por las distintas fuerzas de seguridad que, como parte de un plan sistemático de exterminio y con el aparato del Estado, nos sometieron a todas/os al terror.
Que para esa época era común que nos mintieran con enfrentamientos que no existían, que armaran las escenas de los crímenes, que fingieran suicidios, que robaron niñas y niños arrancándolos de sus padres para luego decir que estaban abandonados, que montaran grandes operativos mediáticos y jurídicos para justificar y ocultar los delitos que cometían.
Era común la complicidad de los sectores empresariales y judiciales que, con el apoyo logístico, operacional y sanguinario de las fuerzas de seguridad, se favorecían económica y políticamente.
Eran comunes las amenazas, los atentados, los robos, los secuestros… la impunidad se había naturalizado, también el miedo, el terror y el silencio.
Durante la dictadura los genocidas argentinos cometían los más atroces delitos, en principio porque podían, porque no había jueces que los investigaran, porque los demás miembros de las fuerzas eran sus cómplices y porque contaban con los recursos.
Callar, mirar para otro lado, negar y censurar, no salvó ni una sola vida, no esclareció nunca ningún delito, no enriqueció a la democracia y nunca sirvió para garantizar ningún derecho.
Es por eso que el pueblo denunció, marchó, protestó, reclamó y consiguió, con lucha, recuperar la democracia. Entendiendo que la justicia es imprescindible en este proceso de recuperación de los derechos civiles y políticos del país.
Hoy no podemos permitir que algunos de esos viejos mecanismos de terror regresen para convertirse en algo común.
Exigimos: a todos los miembros de la justicia que cumplan con su deber e investiguen quiénes son los que nos amenazan, quiénes los financian económicamente y quién o quiénes son los que se beneficiaron con el asesinato de nuestra compañera.
Al poder político, que ponga al frente de las distintas fuerzas personal idóneo, comprometido con la democracia y la justicia, para que los ataques en forma de robos, las amenazas, el ocultamiento, los genocidas prófugos y cualquier forma de impedir el correcto y legal funcionamiento de los juicios, no se transformen en delitos comunes y cotidianos. Les pedimos que sean verdaderos custodios del Estado de Derecho.
Nuestra única herramienta de protección es la JUSTICIA. Porque solo podremos estar seguros cuando cada uno de los genocidas y todos sus cómplices y encubridores estén condenados y pagando su deuda con la sociedad en una cárcel común, con prisión perpetua y efectiva.
Les pedimos a los vecinos/as de toda nuestra provincia que se involucren y apoyen la lucha por la verdad y la justicia, porque esta lucha es de todos/as, porque el ocultamiento, la complicidad y el miedo deben formar parte de nuestro pasado para abrir camino al esclarecimiento, la verdad y la justicia.
Verdad y justicia para Silvia Suppo. Esclarecimiento ya
Concentración y proyección de audiovisual
Viernes 30 de Abril - 20 hs en Recova Ripamonti – Rafaela.
invita:H.I.J.O.S. Regional Santa Fe
CONVOCATORIA ACTIVIDAD VIERNES 30 DE ABRIL
CONVOCATORIA ACTIVIDAD VIERNES 30 DE ABRIL
Familiares, compañeros y compañeros y Organizaciones de Rafaela convocamos a la actividad que realizaremos el 30 de abril a las 20 hs en la ciudad de Rafaela exigiendo:
VERDAD Y JUSTICIA POR SILVIA SUPPO - ESCLARECIMIENTO YA.
Hacemos extensiva la convocatoria a todas las organizaciones y personas que adhieran a esta lucha.
Familiares, compañeros y compañeros y Organizaciones de Rafaela convocamos a la actividad que realizaremos el 30 de abril a las 20 hs en la ciudad de Rafaela exigiendo:
VERDAD Y JUSTICIA POR SILVIA SUPPO - ESCLARECIMIENTO YA.
Hacemos extensiva la convocatoria a todas las organizaciones y personas que adhieran a esta lucha.
Las personas que lavan autos.
LAS PERSONAS QUE LAVAN AUTOS.
La muerte de Silvia Suppo ha reabierto la discusión sobre el tema de las personas que lavan autos.
Lo primero que debe señalarse que dicha actividad no es la causa de los problemas de inseguridad que vive la ciudad.
Está claro que el entretejido productivo y la riqueza que genera Rafaela no logra articularse en propuestas inclusivas, de una mayor equidad social, de las cuales, los lavacoches son una de sus consecuencias, una de sus manifestaciones visibles.
Esto no es un definición secundaria, sino que adquiere una dimensión mayor para establecer las estrategias a seguir, pues debe existir la decisión política de abordarla sin los prejuicios y las descalificaciones que son muy características de una gran parte de la sociedad rafaelina: “los negros”, “sino le pagás te arruinan el auto”, “los que vienen de afuera”, entre las más escuchadas.
La necesidad de avanzar sobre el tema no es, ni debe ser únicamente, una responsabilidad del Municipio, sino que desde los distintos poderes del Estado y del sector privado, se sintetice una política que tenga el consenso del conjunto; pues sino, todos los esfuerzos serán precarios, temporarios, resistidos, sin niveles de articulación.
Quienes lavan autos –en su gran mayoría- lo hacen para su sustento personal o familiar, por lo tanto este es el primer criterio que se debe tener en cuenta, para no presuponer que la solución a priori es “correrlos” de las plazas y de los boulevares. Sólo trasladaríamos la geografía del problema.
Debe existir una articulación entre los distintos poderes del Estado local (Municipio, Concejo, Justicia) con los organismos de prevención o seguridad del gobierno de la Provincia , pues la complejidad de la situación amerita un abordaje integral y no parcializado.
Por ejemplo, legalmente un menor de 14 años no debe trabajar; ahora bien, encontramos menores lavando autos, pidiendo en las esquinas o en casas de familia, o haciendo algunas de estas dos tareas en compañía de un mayor, generalmente un pariente directo. Por lo tanto la Justicia , con el Municipio, debe establecer y sostener claramente este criterio y dar los jueces precisiones concretas de como actuar, a todo organismo con competencia, en cada caso; pero teniendo presente que en esa familia, en cada hogar, está existiendo un problema que merece una atención y un seguimiento en particular. No es lo mismo una mamá que sale a trabajar limpiando una casa y sus 4 o 5 chicos quedan solos durante gran parte del día, a otra familia donde existan antecedentes de drogas, delitos, o violencia familiar.
Allí debe estar el Estado, allí debe aparecer la política, no se soluciona de fondo el tema con represión.
Hay que sostener equipos profesionales desde el municipio y la provincia –con sus instituciones específicas- de manera permanente, dedicados full time a esta estrategia de abordaje; Y el conjunto de la sociedad rafaelina y sus instituciones representativas deben tener en claro que parte de los impuestos que pagan se volcará a esta tarea.
Otro criterio básico es si frente a los adultos que lavan autos la propuesta reporta a “tenerlos controlados” o, por el contrario, organizar el trabajo y comenzar a sentar las bases para que esas personas vayan integrándose paulatinamente al sistema productivo.
Es de vital importancia esta disyuntiva, pues se analizan proyectos que buscan “registrar” con identificaciones y vestimenta a los lavacoches. Ahora bien, esto por sí solo lo único que lograría –en los hechos- es “saber quienes son” y sus antecedentes penales, y de lo que se trata es buscar soluciones de fondo, paulatinamente –ya que no se puede hacer todo al mismo tiempo- pero con un objetivo claro y concreto.
No existe una única propuesta en este sentido, ni las que se formulen son antagónicas.
Hay que ayudar a que los lavacoches se organicen –puede ser por el sistema cooperativo u otro alternativo- apoyarlos social y técnicamente; en donde: a- se garantice que terminen la escuela primaria o secundaria, b- se fijen reglas claras para el funcionamiento de los mismos en toda la ciudad, c– sean (en se marco) personas con nombres y apellidos, donde ninguno pueda estar al margen del sistema – “por la libre” - y fundamentalmente d- tengan la posibilidad de aprender – paralelamente un oficio, o la “cooperativa” se plantee ampliar su cobertura y se proponga otro tipo de actividades: desmalezamiento, limpieza de instituciones, albañilería, etc.
La organización establece derechos, obligaciones, límites y responsabilidades hacia dentro y fuera de la misma, generando los consensos indispensables, posibilitando ámbitos de discusión y resolución de problemas.
Es decir, para que esto pueda ser posible, se necesita del acompañamiento del conjunto de los poderes del Estado y de la sociedad, en donde seguramente habrá avances y retrocesos, cuestiones que corregir, pero con la “seguridad” que se está trabajando en la dirección correcta.
Otra alternativa que debe manejarse – para aquellos que opten por dejar el trabajo en la calle- es la posibilidad de generar un sistema de pasantías rentadas, con la constitución de un fondo especial con aportes estatales, pero fundamentalmente privados que implique capacitar en oficios a estos jóvenes y adultos, darles herramientas educativas y técnicas para que estén en condiciones de insertarse a mediano plazo en el mundo laboral.
Innumerables empresarios, comerciantes y profesionales de nuestra ciudad, realizan donaciones que en la gran mayoría de los casos se dirigen a la compra de alimentos o insumos varios. Sin dejar de reconocer las necesidades que existen, es tiempo que rediscutamos prioridades como así también la magnitud y direccionalidad de estas acciones, sin olvidar que desde el Municipio debe plantearse claramente el apoyo a las instituciones que vienen trabajando denodadamente, y desde hace años inclusive, con minoridad en riesgo social o con jóvenes en situación de calle, droga o delito.
Debemos también asumir que este no es una situación nueva. Forma parte de un proceso ya desde hace más de dos décadas, en donde “esa calle” se ha ido convirtiendo en un escenario y un modo de vida, de valores y contravalores para centenares de pibes rafaelinos.
Otro elemento a tener en cuenta es que “no se parte de cero”; hay relevamientos que pueden aportar datos para precisar aún más las iniciativas, existen experiencias realizadas, trabajos que actualmente se están implementado, personal calificado, programas laborales puestos en marcha, instituciones específicas para la multiplicidad de problemáticas que la temática social involucra, que deben, definitivamente eso sí, integrarse en una estrategia global, con recursos y estructuras acordes al desafío, y en donde comencemos a discutir seriamente y no pensando en el rédito político inmediato, en la mentalidad discriminatoria de muchos rafaelinos (que votan) o en las elecciones del 2.011.
CARLOS BORGNA
PD. Escribo esto con el absoluto convencimiento de que Silvia hubiese querido que el tema se aborde desde esta perspectiva, y dejando en claro, que en lo personal, considero que falta mucho camino por recorrer para conocer toda la verdad sobre su muerte.
La muerte de Silvia Suppo ha reabierto la discusión sobre el tema de las personas que lavan autos.
Lo primero que debe señalarse que dicha actividad no es la causa de los problemas de inseguridad que vive la ciudad.
Está claro que el entretejido productivo y la riqueza que genera Rafaela no logra articularse en propuestas inclusivas, de una mayor equidad social, de las cuales, los lavacoches son una de sus consecuencias, una de sus manifestaciones visibles.
Esto no es un definición secundaria, sino que adquiere una dimensión mayor para establecer las estrategias a seguir, pues debe existir la decisión política de abordarla sin los prejuicios y las descalificaciones que son muy características de una gran parte de la sociedad rafaelina: “los negros”, “sino le pagás te arruinan el auto”, “los que vienen de afuera”, entre las más escuchadas.
La necesidad de avanzar sobre el tema no es, ni debe ser únicamente, una responsabilidad del Municipio, sino que desde los distintos poderes del Estado y del sector privado, se sintetice una política que tenga el consenso del conjunto; pues sino, todos los esfuerzos serán precarios, temporarios, resistidos, sin niveles de articulación.
Quienes lavan autos –en su gran mayoría- lo hacen para su sustento personal o familiar, por lo tanto este es el primer criterio que se debe tener en cuenta, para no presuponer que la solución a priori es “correrlos” de las plazas y de los boulevares. Sólo trasladaríamos la geografía del problema.
Debe existir una articulación entre los distintos poderes del Estado local (Municipio, Concejo, Justicia) con los organismos de prevención o seguridad del gobierno de la Provincia , pues la complejidad de la situación amerita un abordaje integral y no parcializado.
Por ejemplo, legalmente un menor de 14 años no debe trabajar; ahora bien, encontramos menores lavando autos, pidiendo en las esquinas o en casas de familia, o haciendo algunas de estas dos tareas en compañía de un mayor, generalmente un pariente directo. Por lo tanto la Justicia , con el Municipio, debe establecer y sostener claramente este criterio y dar los jueces precisiones concretas de como actuar, a todo organismo con competencia, en cada caso; pero teniendo presente que en esa familia, en cada hogar, está existiendo un problema que merece una atención y un seguimiento en particular. No es lo mismo una mamá que sale a trabajar limpiando una casa y sus 4 o 5 chicos quedan solos durante gran parte del día, a otra familia donde existan antecedentes de drogas, delitos, o violencia familiar.
Allí debe estar el Estado, allí debe aparecer la política, no se soluciona de fondo el tema con represión.
Hay que sostener equipos profesionales desde el municipio y la provincia –con sus instituciones específicas- de manera permanente, dedicados full time a esta estrategia de abordaje; Y el conjunto de la sociedad rafaelina y sus instituciones representativas deben tener en claro que parte de los impuestos que pagan se volcará a esta tarea.
Otro criterio básico es si frente a los adultos que lavan autos la propuesta reporta a “tenerlos controlados” o, por el contrario, organizar el trabajo y comenzar a sentar las bases para que esas personas vayan integrándose paulatinamente al sistema productivo.
Es de vital importancia esta disyuntiva, pues se analizan proyectos que buscan “registrar” con identificaciones y vestimenta a los lavacoches. Ahora bien, esto por sí solo lo único que lograría –en los hechos- es “saber quienes son” y sus antecedentes penales, y de lo que se trata es buscar soluciones de fondo, paulatinamente –ya que no se puede hacer todo al mismo tiempo- pero con un objetivo claro y concreto.
No existe una única propuesta en este sentido, ni las que se formulen son antagónicas.
Hay que ayudar a que los lavacoches se organicen –puede ser por el sistema cooperativo u otro alternativo- apoyarlos social y técnicamente; en donde: a- se garantice que terminen la escuela primaria o secundaria, b- se fijen reglas claras para el funcionamiento de los mismos en toda la ciudad, c– sean (en se marco) personas con nombres y apellidos, donde ninguno pueda estar al margen del sistema – “por la libre” - y fundamentalmente d- tengan la posibilidad de aprender – paralelamente un oficio, o la “cooperativa” se plantee ampliar su cobertura y se proponga otro tipo de actividades: desmalezamiento, limpieza de instituciones, albañilería, etc.
La organización establece derechos, obligaciones, límites y responsabilidades hacia dentro y fuera de la misma, generando los consensos indispensables, posibilitando ámbitos de discusión y resolución de problemas.
Es decir, para que esto pueda ser posible, se necesita del acompañamiento del conjunto de los poderes del Estado y de la sociedad, en donde seguramente habrá avances y retrocesos, cuestiones que corregir, pero con la “seguridad” que se está trabajando en la dirección correcta.
Otra alternativa que debe manejarse – para aquellos que opten por dejar el trabajo en la calle- es la posibilidad de generar un sistema de pasantías rentadas, con la constitución de un fondo especial con aportes estatales, pero fundamentalmente privados que implique capacitar en oficios a estos jóvenes y adultos, darles herramientas educativas y técnicas para que estén en condiciones de insertarse a mediano plazo en el mundo laboral.
Innumerables empresarios, comerciantes y profesionales de nuestra ciudad, realizan donaciones que en la gran mayoría de los casos se dirigen a la compra de alimentos o insumos varios. Sin dejar de reconocer las necesidades que existen, es tiempo que rediscutamos prioridades como así también la magnitud y direccionalidad de estas acciones, sin olvidar que desde el Municipio debe plantearse claramente el apoyo a las instituciones que vienen trabajando denodadamente, y desde hace años inclusive, con minoridad en riesgo social o con jóvenes en situación de calle, droga o delito.
Debemos también asumir que este no es una situación nueva. Forma parte de un proceso ya desde hace más de dos décadas, en donde “esa calle” se ha ido convirtiendo en un escenario y un modo de vida, de valores y contravalores para centenares de pibes rafaelinos.
Otro elemento a tener en cuenta es que “no se parte de cero”; hay relevamientos que pueden aportar datos para precisar aún más las iniciativas, existen experiencias realizadas, trabajos que actualmente se están implementado, personal calificado, programas laborales puestos en marcha, instituciones específicas para la multiplicidad de problemáticas que la temática social involucra, que deben, definitivamente eso sí, integrarse en una estrategia global, con recursos y estructuras acordes al desafío, y en donde comencemos a discutir seriamente y no pensando en el rédito político inmediato, en la mentalidad discriminatoria de muchos rafaelinos (que votan) o en las elecciones del 2.011.
CARLOS BORGNA
PD. Escribo esto con el absoluto convencimiento de que Silvia hubiese querido que el tema se aborde desde esta perspectiva, y dejando en claro, que en lo personal, considero que falta mucho camino por recorrer para conocer toda la verdad sobre su muerte.
Unas líneas.
Hace frío en Rafaela, un frío que recuerda a Malvinas,
a chicos agujereados por balas imperiales dispersos por la nieve.
Hace frío, un frío parecido al acero de un puñal.
Son las 10 y parte del pueblo rafaelino comienza a marchar
en silencio alrededor de la plaza principal.
Una chica y su hermano, con remeras blancas como los pañuelos de las Madres de la Plaza
que los acompañan,
caminan llevando una bandera que pide 'Verdad y Justicia'.
Son los hijos de Silvia Suppo, con una entereza que sólo puede transmitir una madre a sus hijos.
Caminamos 3 cuadras y comienza a llover, a llover con ganas,
como si alguien quisiera lavar la sangre derramada,
como si siniestros dioses lavaran así las culpas de instigadores y asesinos.
Hay un gran alero, donde nos guarecemos para continuar con el acto
en repudio a este salvaje asesinato de una militante social.
De una mujer que con los ovarios en su lugar, se jugó hasta dar su vida,
por una causa justa, por vos que estás leyendo estas líneas, y tuvo el coraje de señalar con nombre y apellido a los responsables
para que fueran juzgados, como algunos ya lo están siendo.
Estamos pegados, unos a otros bajo el alero, para que los cuerpos
se saquen de encima el agua y retomen el calor.
Pero se me ocurre que la lluvia es una trampa de Silvia
que logró unir aún más, a un pueblo que ya marchaba unido,
dejándonos quizá una última enseñanza:
'solo la unión nos llevará a la victoria'En estas pascuas 'la casa no está en orden',
tu lugar de trabajo 'Siempre Cuero' tiene un cartel judicial que dice:
PROHIBIDO EL INGRESO, yo lo reemplazaría por otro que dijera:
"PROHIBIDO EL INGRESO A LA IMPUNIDAD"Gracias Silvia por tu ejemplo, por tu lucha,
por tu entrega...
Carlos Armando Quetglas Rosario
Publicado el 3-4-10 en Su Tribuna (Cañada de Gómez)
a chicos agujereados por balas imperiales dispersos por la nieve.
Hace frío, un frío parecido al acero de un puñal.
Son las 10 y parte del pueblo rafaelino comienza a marchar
en silencio alrededor de la plaza principal.
Una chica y su hermano, con remeras blancas como los pañuelos de las Madres de la Plaza
que los acompañan,
caminan llevando una bandera que pide 'Verdad y Justicia'.
Son los hijos de Silvia Suppo, con una entereza que sólo puede transmitir una madre a sus hijos.
Caminamos 3 cuadras y comienza a llover, a llover con ganas,
como si alguien quisiera lavar la sangre derramada,
como si siniestros dioses lavaran así las culpas de instigadores y asesinos.
Hay un gran alero, donde nos guarecemos para continuar con el acto
en repudio a este salvaje asesinato de una militante social.
De una mujer que con los ovarios en su lugar, se jugó hasta dar su vida,
por una causa justa, por vos que estás leyendo estas líneas, y tuvo el coraje de señalar con nombre y apellido a los responsables
para que fueran juzgados, como algunos ya lo están siendo.
Estamos pegados, unos a otros bajo el alero, para que los cuerpos
se saquen de encima el agua y retomen el calor.
Pero se me ocurre que la lluvia es una trampa de Silvia
que logró unir aún más, a un pueblo que ya marchaba unido,
dejándonos quizá una última enseñanza:
'solo la unión nos llevará a la victoria'En estas pascuas 'la casa no está en orden',
tu lugar de trabajo 'Siempre Cuero' tiene un cartel judicial que dice:
PROHIBIDO EL INGRESO, yo lo reemplazaría por otro que dijera:
"PROHIBIDO EL INGRESO A LA IMPUNIDAD"Gracias Silvia por tu ejemplo, por tu lucha,
por tu entrega...
Carlos Armando Quetglas Rosario
Publicado el 3-4-10 en Su Tribuna (Cañada de Gómez)
Comunicado diferentes organismos de derechos humanos
Buenos Aires, 10 de abril de 2010
A la Sra. Presidenta de la Nación
Dra. Cristina Fernández
PRESENTE
Los organismos de derechos humanos abajo firmantes expresamos nuestra preocupación por la notoria precariedad de la acción del Estado dirigida a garantizar la tranquilidad, la seguridad y el derecho a testimoniar contra los responsables del Terrorismo de Estado por parte de los sobrevivientes de dicha acción, sus familiares y compañeros, así como cualquier otro tipo de testigo contra los represores.
A la Sra. Presidenta de la Nación
Dra. Cristina Fernández
PRESENTE
Los organismos de derechos humanos abajo firmantes expresamos nuestra preocupación por la notoria precariedad de la acción del Estado dirigida a garantizar la tranquilidad, la seguridad y el derecho a testimoniar contra los responsables del Terrorismo de Estado por parte de los sobrevivientes de dicha acción, sus familiares y compañeros, así como cualquier otro tipo de testigo contra los represores.
Esta situación, que se funda en la impunidad con que aún cuentan los desaparecedores de Julio López y de casi todas las otras acciones de intimidación y amenazas, se ha potenciado ante el asesinato –sean cuales sean sus motivos- de la compañera Silvia Suppo, luchadora ejemplar contra la impunidad.
No se puede dejar de consignar, al pensar en la situación de inseguridad que viven muchos de los testigos (cuyo número en todo el país no es menor de cinco mil) el peso que sobre ellos tiene la demora en lograr justicia para todos y las amenazas de diversos referentes de derecha de “amnistiar” los represores o “terminar con los juicios que ofenden las fuerzas armadas”.
En este marco, requerimos el cumplimiento de las obligaciones estatales, explicitadas en innumerables Pactos y Tratados Internacionales suscriptos por el país, hacia aquellos cuyo testimonio es imprescindible como prueba contra los responsables de las acciones criminales de lesa humanidad que la sociedad argentina se comprometió a juzgar.
Expresamos la preocupación por la escasa definición política para albergar un sistema de protección acorde a la naturaleza de los crímenes que se investigan. Las insuficiencias de los programas estatales nacionales relacionadas con el acompañamiento y protección de los testigos son más que notorias.
Creemos que más allá de los problemas de ausencia de un estrategia estatal única hacia el tema, incide negativamente la persistencia de una lógica inspirada o al menos influenciada por la experiencia internacional de la lucha contra el narcotráfico, experiencia que es incompatible con el objeto de estos juicios y el carácter de los testigos.
Estos, en su mayoría han sido militantes políticos detenidos/desaparecidos/aparecidos que fueron sometidos a torturas por las fuerzas conjuntas que actuaban en cumplimiento de los planes de la Junta Militar, que han dado testimonio y luchado por la verdad y la justicia por más de treinta años y en muy poco se parecen a aquellos que lo hacen en juicios contra el narcotráfico.
Es justamente la impunidad de los genocidas la causa principal de inseguridad; y es hacia los imputados y encausados de cometer tales crímenes, hacia los responsables del Terrorismo de Estado, que debe dirigirse la labor de inteligencia para impedir que actúen, tal como se decidió en su momento en La Plata por parte del Juzgado Federal que investiga crímenes de lesa humanidad. Por ello, instamos a la Sra. Presidenta que ordene la entrega a la justicia de la lista de todas las personas, civiles y militares, que participaron en el terrorismo de Estado, y las haga publicas.
No avalamos la lógica de pensar en los testigos como una “población especial” a la que hay que “cuidar”, lógica que nos llevaría a una espiral de medidas “de seguridad” que afectan los derechos humanos de aquellos que luchan contra la impunidad y que, por otro lado, es técnicamente imposible de resolver si pensamos en la masividad de los testigos; se trata, y ese es el primer paso estatal que reclamamos, de asumir por todas el carácter específico de los juicios de lesa humanidad en todas sus dimensiones, incluida la del acompañamiento y seguridad de los testigos
Para transmitirle la preocupación que nos embarga, ampliar nuestras propuestas y conocer las medidas que las autoridades planean tomar ante los nuevos desafíos, es que solicitamos una entrevista con Ud. y con quien la Sra. Presidenta considere necesario.
Sin otro particular, saludamos a Ud. muy atte.
SERPAJ Adolfo Perez Esquivel
LADH José E. Schulman
MEDH Pastor Arturo Blatesky
IRE Marcelo Bagnatti
DDHH CTA Ricardo Peidro
HERMANOS María Adela Antokoletz
APDH Miguel Monserrat
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